Como primer punto es importante señalar que difiere del Poder Legislativo en que este poder se concentra en una sola entidad o corporación: el Congreso de la Unión. Y que éste se divide en dos cámaras donde hacen las leyes los legisladores (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores). Más algunos órganos que dependen de este Congreso en su conjunto como la Auditoría Superior de la Federación, el Canal del Congreso, etc.
Difiere del Poder Ejecutivo en que este poder se deposita en una sola persona: el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí quiero resaltar que a diferencia de países principalmente europeos donde se deposita en dos personas: uno es el jefe de Estado y el otro es el jefe de gobierno. Para entenderlo, como jefes de Estado tenemos por ejemplo los reyes y como jefes de gobierno a los primeros ministros. Como sea, de este presidente o del sistema reyes-primeros ministros, se desprende todo el aparato de estado que gobierna un país. En México a este aparato se llama Administración Pública Federal que se integra por las secretarías de Estado (Gobernación, Hacienda, etcétera) y sus órganos desconcentrados (Servicio de Administración Tributaria de SHCP, etcétera). El cual se complementa con las paraestatales, como los órganos descentralizados que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios (IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, etcétera); y como las empresas donde el Estado Mexicano es accionista mayoritario (Diconsa, S.A. de C.V.; Notimex, S.A. de C.V.; etcétera). Más coloquialmente es el gabinete legal y ampliado del presidente.
Bastante compleja la explicación anterior, pero lo importante es resaltar que la mayoría de las entidades del Estado Mexicano dependen al final del día de un solo hombre, el todo poderoso presidente de la República.
Como parte de las reformas para democratizar al país, muchas entidades se fueron desprendiendo de la injerencia directa del presidente de la República, convirtiéndolas en organismos autónomos del Estado Mexicano. El primero fue el Banco de México, seguido por el IFE o INE, CNDH, INEGI, IFAI, CFCE y la Fiscalía General de la República (aún por entrar en funciones). Como empresas paraestatales autónomas (por decirlo así) están las nuevas empresas productivas del Estado (PEMEX y CFE).
Y como decía mi profesor de química: "La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma"; todas estas entidades se crean, se modifican, se transforman, según las necesidades del gobierno en turno, así como las necesidades sociales del país.
Pero recordemos lo anterior: El Poder Legislativo se deposita en el Congreso. El Poder Ejecutivo se deposita en el Presidente.
Todo esta concepción cambia en el Poder Judicial.
Es de uso común pensar que el Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y como diría un abogado: "Falso de toda falsedad".
La Constitución señala: "Artículo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito..."
Esto es, el Poder Judicial se depositaba en 1995 en:
1 Suprema Corte de Justicia (SCJN)
83 Tribunales Colegiados de Circuito
47 Tribunales Unitarios de Circuito
174 Juzgados de Distrito
305 Órganos Jurisdiccionales Federales en 1995.
Que creció en viente años a:
1 Suprema Corte de Justicia (SCJN)
1 Tribunal Electoral (TEPJF)
247 Tribunales Colegiados de Circuito
97 Tribunales Unitarios de Circuito
406 Juzgados de Distrito
752 Órganos Jurisdiccionales Federales en 2014.
Fuente: Atlas Jurisdiccional 2014, Consejo de la Judicatura Federal, México, 2014 (se puede consultar en: http://www.cjf.gob.mx/atlasCJF/docs/Atlas_CJF.pdf)
Recapitulando, los poderes del Estado Mexicano se depositan de la siguiente manera:
Poder Ejecutivo: 1 Presidente
Poder Legislativo: 1 Congreso (dividido en dos Cámaras)
Poder Judicial: 752 Órganos Jurisidiccionales (a noviembre de 2014)
Como podrá observarse, en tan solo 20 años el Poder Judicial creció un formidable 147% y aún el aparato de justicia federal no llega a todos los rincones del país como los ciudadanos queremos. Le falta aún ser más robusto.
Bueno. Antes de la reforma constitucional que definió como es hoy el Poder Judicial de 1995 la SCJN además de ser el máximo tribunal del país, era una oficina de contrataciones de jueces para esos 304 órganos jurisdiccionales que existían. Por lo mismo llegó a tener una composición de 26 magistrados dedicados no a impartir justicia, sino a administrar la Judicatura Federal.
Con la reforma, se separó lo que es la impartición de justicia (principalmente en materia de amparo) de la burocracia judicial creándose el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para tal fin y se le dio atribuciones más importantes a la SCJN para convertirlo en un tribunal constitucional; esto es, encargado de velar a la Constitución a través de procesos de controversias en la materia y de acciones de inconstitucionalidad; reduciendo las máximas discusiones en materia judicial del país a solo 11 magistrados.
Zapatero a tus zapatos. La SCJN resuelve temas jurídicos de gran importancia para el país y el CJF es la casa de contrataciones de jueces y ministros.
Podemos ser críticos en cuanto a si la CJF tiene el diseño institucional correcto, que si opera de la mejor forma, que si se equivocó en esto o en aquello, que si le ha faltado en lo otro. Como a todo organismo de un gobierno. Pero ese es el mejor esquema que ha tenido en nuestra historia el Poder Judicial (comparándolo consigo mismo en el pasado).
De que podemos mejorarlo, seguro. Hay que estudiarlo.
Pero.....!!!!
El nuevo gobierno de Andres Manuel López Obrador que iniciará el 1º de diciembre ya le quiere meter cuchara.
Se dice en la prensa que AMLO quiere desaparecer el CJF para ahorrar 61 mil millones de pesos y en su lugar crear una nueva sala de la SCJN que atienda estas funciones. Además dice que eliminar el Consejo es para eliminar los exámenes de oposición par la obtención de plazas de jueces de distrito y magistrados de circuito, porque muchas veces quienes obtiene las plazas lo hacen mediante litigios de dichos exámenes y no por capacidades.
Así de simple es el argumento.
¿Qué encierra?
Primeramente atacar al Poder Judicial por los altos sueldos de sus funcionarios. Es cierto, los magistrados, ministros y jueces reciben sueldasos que van más allá de lo que AMLO pregona como la compensación económica de un servidor público en la "justa medianía" (idea que retoma de Juárez). Eso es cierto son altísimos. Gana cada magistrado más que el presidente de la República. Y la reducción de sus sueldos no la puede ordenar AMLO, la tendrá que negociar.
Segundo. Porque se prevee que vienen juicios y juicios ante las medidas que AMLO pretende instaurar en la República, como la reducción de salarios y la desconcentración de la Administración Pública Federal en todo el país. Ante ello, saca esta medida que trastoca al Poder Judicial y pone su juego en la mesa para negociar.
Tercero. Seguramente el CJF tiene sus problemas hondos de corrupción, los cuales están lejos de mi conocimiento, pero algunos ciudadanos creen ferviertemente que está coptado por delincuentes de cuello blanco poderosos o, incluso, por el narcotráfico. Nada se sabe a ciencia cierta, pero no se descarta y se debe de revisar a fondo, por si sí o por si no. Y la mejor manera de hacerlo para AMLO es desaparecerla. ¿Para qué ver como puede corregir algo ajeno si puede mover los hilos para hacerlo a través de los suyos? ¿Como? Sigo:
Cuarto. La correlación de fuerzas políticas de la SCJN fue equilibrada a través de los nombramientos de los magistrados hecha a través de los años por los tres partidos políticos más poderosos de los últimos 20 años, el PRI, el PAN y el PRD. Ellos tuvieron la mayoría para negociar y nombrar a los magistrados, según sus propios intereses; y ahora llega Morena sin ningún magistrado a fin. Entonces, para meter magistrados afines, lo más fácil es trastocar la SCJN y elevar su número.
Supongamos que la nueva sala que pretende remplazar al CJF es paritaria con las otras dos salas que funcionan en el seno de la SCJN. Tendría entonces 5 magistrados. Por lo tanto la SCJN elevaría el número de magistrados de 11 a 16, lo que traería dos problemas principales. Por un lado el pleno de la SCJN podría llegar a empate técnico al ser par el número total de sus miembros, ¿cómo se resolvería el tema de ese escenario? Lo más problable sería con reajustar con más ministros. Las salas tampoco deben de tener miembros en par, deben de ser impar para evitar esos empates en las decisiones. Por eso las salas son de 5 y 5, que en pleno nos dan 10 con el presidente. Con tres salas serían 5, 5 y 5, que junto al presidente da los 16, haciendo el número del pleno en par. Matemáticamente esto no se puede. Siempre que haya tres sales con número de miembros impares, habría un pleno con número de miembros pares. La lógica sería entonces dividir la SCJN en cuatro salas (distribuyendo las facultades de las dos existentes en tres), faltando entonces otros 5 magistrados. 5, 5, 5 y 5 por sala más el presidente serían 21 en el pleno.
Me estoy aventurando demasiado: cinco o diez nuevos magistrados a elegir (claro con salarios bajos). ¿No sería jugosa esa reforma que pretende AMLO que podría llevar a hacer crecer la SCJN con magistrados a modo para el nuevo gobierno de Morena?
Quinto. Cuando la SCJN con 26 ministros se encargaba de administrar la Judicatura Federal, tenía menos de las mitad de los órganos jurisdiccionales que tiene ahora. En aquél entonces, además de los magistrados titulares, ante la necesidad de más personas que sacaran el trabajo, se nombraban magistrados supernumerarios. Esto es, magistrados extras para paliar la sobrecarga de trabajo. El resultado fue una SCJN envuelta más en problemas caseros que en atender su razón básica de existencia, la justicia en el país.
La creación de la CJF permitió que en tan solo 20 años se duplicara el alcance de la justicia federal en el país llegando cada vez a más rincones donde antes no había llegado. Retroceder sería darle un tiro a la SCJN porque si en 1994 estaba rebasada hasta con los magistrados supernumerarios, pues ahora... ¿como?
Sexto. Al parecer lo que también se busca es establecer un control del Ejecutivo sobre el Judicial. AMLO no solo batió records en la pasada elección, sino que Morena y sus aliados tienen casi la mayoría calificada en el Congreso. Esto es, AMLO tiene prácticamente en la bolsa dos poderes. Y con ese poder quiere someter el que le falta.
La historia reciente de Latinoamérica nos da un ejemplo de que puede pasar cuando se controla un Poder Judicial. El caso es el de Venezuela cuando el Poder Ejecutivo tomó el control del Poder Público del país. Nombrando magistrados a modo en el Poder Judicial. Esa es una historia muy clara de cómo acabó ese país como esta.
La República de Venezuela promulgó una nueva constitución que dividió el Estado Venezolano, no en tres como es la tradición, sino en cinco poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Sin entrar en debate de los das novedades del Ciudadano y el Electoral (que es motivo de otro estudio), en los poderes tradicionales el colapso fue el siguiente: En una elección de renovación del Legislativo, el gobierno de Maduro perdió la mayoría. Entre la elección y la toma de protesta de los legisladores, la Legislatura saliente nombró las vacantes del Poder Judicial. Si bien muchos de los magistrados eran simpatizantes de Maduro, con los nuevos magistrados nombrados (muchos políticos cercanos al finado Chávez y a Maduro), controló el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Maduro con el control de dos poderes, se enfrentó al Legislativo. ¿Cómo? El TSJ declaró inconstitucionales todas las medidas incómodas que emitía el Legislativo. Incluso lo declaró en desacato por un asunto electoral y sentenció que ¡no podía legislar! Así es, un poder Legislativo que no podía legislar por estar en desacato del Judicial. Ante esta extralimitación, Venezuela entró en una crisis institucional. Para salir del paso, Maduro convocó un Congreso Constituyente en el que bloquéo el acceso de la oposición (porque también controla el Poder Electoral); el cual, en vez de hacer una constitución nueva, pues legisla lo que el otro congreso está impedido. Y así. Ahora Venezuela de facto tiene seis poderes, los descritos en su constitución, más el Congreso Constituyente (integrado fundamentalmente por chavistas).
Regresando a México. La idea de este cambio obedece a estas premisas:
Uno.- AMLO se baja el sueldo y nadie puede ganar más que él. Y a los magistrados hay que meterlos en cintura. Es cierto, pecan con lo que ganan; pero el diseño institucional ¿también peca?
Dos.- AMLO necesita desesparádamente recursos para cumplir con sus promesas de campaña a partir del 1º de diciembre, especialmente con el dinero que quiere repartir en adultos mayores y jóvenes (los mal llamados ninis) y el CJF tiene un alto costo para el Estado. No está mal revisarlo, ¿pero desaparecerlo?
Tres.- AMLO quiere cubrirse las espaldas ante la oposición que generará su gobierno. La vía correcta para detener a un presidente autoritario es mediante las instituciones del país, y el Poder Judicial es clave. Allí será la arena para amarrarle las manos. Y por lo visto no quiere tenerlas atadas.
Cuarto.- AMLO lleva de la mano el manual del Foro de Sao Paulo. Lo que ha funcionado en otros países lo quieren aplicar aquí para acabar con el andamiaje institucional que en México, después de muchos esfuerzos, se ha alcanzado.
En el discurso se oye muy bien como lo plantean: Hay que desaparecer a un organismo que gasta mucho dinero y que vende plazas. La ruta es simple, primero desprestigias, luego mochas.
Por lo mismo, esta reflexión. El CJF y la SCJN representan la única amenaza real a AMLO de atarle las manos. Hay que entender lo que hay detrás de la intensión.
